En su visita de 10 días a nuestro país, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y el medio ambiente, el canadiense David R. Boyd, tuvo la oportunidad de viajar a distintos lugares del norte, centro y sur de Chile, para reunirse con organizaciones, pueblos indígenas, académicos, entre otros grupos, con el objetivo de informarse acerca de la realidad de las emergencias ambientales presentes en los distintos territorios.
Tras su estadía en Chile, el relator desarrolló un informe con sus apreciaciones y algunas indicaciones para enfrentar la crisis ambiental mundial y cuyas repercusiones tienen efectos notorios en nuestro país.
El informe sostiene que las zonas de sacrificio, la contaminación atmosférica y la escasez hídrica son temas que deben ser abordados con acciones efectivas, lo que resulta en la necesidad de un mayores recursos para el Ministerio del Medioambiente, cuyo Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, está lejos de ser suficiente para este fin, y muy por debajo en comparación con otras naciones de la OCDE.
“Chile debe responder a la crisis ambiental mediante la puesta en práctica de medidas urgentes para garantizar el acceso universal al agua limpia, el aire limpio y los ambientes no tóxicos para todas las personas”, señala Boyd en su declaración.
El relator señala la importancia de que, en el contexto actual de crisis climática y las problemáticas ambientales de nuestro país, el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú se acelere y se le de una mayor relevancia dentro del trabajo del Ministerio del Medio Ambiente.
En el informe se destaca la necesidad de que el proceso de implementación de los compromisos del Acuerdo sea lo más participativo y abierto posible. En ese sentido, se hace referencia a un informe reciente de la organización chilena FIMA, en donde se identificaron las brechas claves entre los requerimientos del Acuerdo y las leyes y políticas ambientales vigentes en Chile, destacando:
Falta de normativas o políticas específicas para facilitar el acceso a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Justificaciones para negar el acceso a la información en Chile que son más amplias que las contempladas en el Acuerdp de Escazú; y
Falta de medidas de protección específicas para los defensores de los derechos humanos ambientales.
El relator también hace eco de los testimonios de personas que han señalado ser agredidas, acosadas, cibervigiladas, criminalizadas, amenazadas y demandadas como consecuencia de su labor como activistas ambientales. “Las personas que defienden el asombroso patrimonio natural de Chile son héroes para el planeta y la humanidad y hago un llamado al Gobierno a responder con urgencia y manera positiva a sus inquietudes y recomendaciones”, señala David Boyd.
La estadía del relator canadiense en nuestro país es un ejemplo de que no estamos ante reclamos aislados o peticiones fuera de lugar en lo que refiere al cuidado del medio ambiente. Sus recomendaciones coinciden con las distintas luchas que desde años se están levantando en los distintos territorios de nuestro país.
Este informe es preliminar, pues el relator presentará una versión completa y más desarrollada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2024, en donde veremos conclusiones aún más detalladas de lo que dejó su visita a nuestro país.
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