Investigación de la ONG Escazú Ahora revela altos índices de vulnerabilidad para quienes defienden la naturaleza y destaca nulos avances del Ejecutivo para darles protección.
Un alarmante informe sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente fue revelado está semana por la organización ciudadana, Escazú Ahora. En total, durante el año 2023 la ONG recibió 35 denuncias de violencia contra 20 defensores ambientales del centro y sur de Chile, y aseguran que “está es sólo la punta del Iceberg”.
En esos términos lo manifestó el coordinador de la campaña de defensores de Escazú Ahora, Joaquín Salinas, quién señaló que “los datos entregados son alarmantes. Nosotros durante el año recibimos, en promedio, dos casos de violencia contra defensores ambientales por mes, y en base a esa información levantamos este informe. Sin embargo, es posible que está sea sólo la punta del Iceberg, puesto que pueden haber otros casos de los cuales no tengamos conocimiento”.
Mujeres de entre 70 y 78 años de edad de la Región de Valparaíso, serían las más afectadas por las agresiones. En definitiva, el informe revela que el 65% de quienes denuncian son mujeres, el promedio de edad es de 65 años y un 60% pertenece a la Región de Valparaíso. “Hoy estos datos nos revelan información muy valiosa. Por un lado, que la mayoría de las personas que defienden el medio ambiente son mujeres y requieren de medidas específicas para su protección y, por otro lado, que la protección del medio ambiente trasciende las edades, con una diversidad de casos que abarcan desde los 20 hasta los 80 años. Sin embargo, la concentración de casos de amenazas en edades avanzadas nos debe llamar a reflexionar y pensar en medidas específicas de protección para este grupo etario”, afirma Joaquín.
En cuanto a los sectores productivos vinculados a las agresiones, Salinas es enfático en señalar que “en muchos de los casos no tenemos formas de probar que estos sectores son los responsables directos de las amenazas, pero sí constatamos que los defensores fueron amenazados mientras se encontraban protestando contra empresas de estos sectores productivos”. Así, la inmobiliaria lidera las agresiones con un 47%, seguida de la industria forestal con un 17% y la industria energética con un 8%.
Nulos avances en protección
En marzo de 2022 el presidente Gabriel Boric dio inicio a su gobierno con la firma del Acuerdo de Escazú, primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar medidas específicas para la protección de defensores ambientales.
La acción presidencial, que en mayo fue rápidamente ratificada por el Congreso de manera transversal, marcó el compromiso de su gobierno con la materia, el que luego fue reafirmado con el anuncio del impulso de un proyecto de ley para proteger defensores de derechos humanos, durante su primera cuenta pública, y luego volvió a ser reafirmado tras el anuncio de la creación de una institucionalidad de protección de defensores por parte de los ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos, y quedó aún más comprometido tras el anuncio de la creación de un protocolo de protección de defensores por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Sin embargo, en palabras del presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, “aquí hay un compromiso incumplido”. En definitiva “a más de 1 año y 6 meses de que el Ejecutivo anunciara sus compromisos, no se ha enviado ningún proyecto de ley para proteger a los defensores de derechos humanos; no existen actas que den cuenta de la existencia y trabajo de un grupo técnico entre los ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Relaciones Exteriores para crear una institucionalidad de protección de defensores; y la Subsecretaría de Derechos Humanos afirma estar trabajando en un protocolo, pero se niega a indicar plazos y fechas sobre cuándo estará listo y cómo se implementará”, afirma Sebastián.
“Los jóvenes solemos quejarnos de que los gobiernos toman compromisos poco ambiciosos para enfrentar la crisis climática, comprometiendo acciones para el año 2050 para hacerle frente. Pero en el caso del Acuerdo de Escazú no estamos hablando de poca ambición, estamos hablando de que no existe ni siquiera un cronograma de implementación. No hay claridad de si el Ejecutivo está trabajando o no en una ley para proteger defensores, si está trabajando o no en una institucionalidad de protección de defensores, si está trabajando o no para implementar un protocolo de protección en el futuro cercano, y en definitiva no hay claridad de si el Ejecutivo está comprometido o no con está materia más allá de los discursos”, enfatizó Benfeld.
Respuesta del Congreso
El informe fue presentado este lunes en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Frente a ello, el diputado Cristobal Martínez manifestó que “Es lamentable que por parte del gobierno del presidente Boric, y sus autoridades, no hayan tomado acciones concretas, porque todavía me recuerdo la gran cantidad de discursos hablando sobre el Tratado de Escazú, la gran cantidad de fotos, y esta era una de las banderas de lucha por parte de este gobierno. Entonces, hacer el llamado y ser enfático también en estos aspectos”.
Por su parte, el diputado Francisco Pulgar (PDG), indicó que “a mi preocupa que muchos defensores del medio ambiente estén pululando ahí, arriesgando sus vidas, y no ha sido el gobierno capaz de generar una normativa legal para su protección, habiendo apoyo en está Cámara de Diputados para aprobar cualquier proyecto en relación a proteger a nuestros activistas”.
Por lo anterior, y a petición del diputado Daniel Melo (PS), la comisión acordó esté miércoles enviar un oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos para saber “cuándo se someterá a votación en la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal el protocolo de protección de defensores de derechos humanos y cuál es el cronograma previsto para su implementación”, además de oficiar a los ministerios de Medio Ambiente, Cancillería y Justicia para saber acerca de “la existencia y avance del grupo de trabajo técnico interministerial anunciado el 22 de junio de 2022 con el objetivo de crear una institucionalidad de protección de defensores de derechos humanos”.
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