Hoy la organización internacional Global Witness hizo público su último informe sobre la situación de los defensores del medioambiente a nivel global, donde constató el asesinato de 227 activistas ambientales y advirtió acerca de los peligros a los que se enfrentan.
Cada año la organización internacional con sede en Londres, Global Witness, hace público un registro sobre la situación de los defensores ambientales a nivel mundial. Desde el año 2012 -cuando comenzaron a emitir estos informes- hasta la fecha, ha existido una variable que se ha mantenido siempre constante: cada año la cantidad de defensores ambientales asesinados supera a la anterior.
Así, si en el año 2012 la organización constató el asesinato de 147 defensores a nivel global, hoy su último informe, que refiere a la realidad de 2020, nos habla de un alarmante aumento a más de 227 personas asesinadas. “Esto convierte al último año, una vez más, en el más peligroso dentro de nuestros registros, para las personas que defienden sus hogares, tierra y medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima”, señala el informe.
“Sin embargo, nuestros datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro”, precisan.
El informe reveló que en promedio, tan solo en 2020 más de 4 personas defensores del medioambiente fueron asesinados cada semana y volvió a reconocer a Latinoamérica y el Caribe como la región más peligrosa del mundo para proteger el medioambiente, concentrando 3 de cada 4 ataques registrados a nivel global.
Otros hallazgos del informe destapan la relación entre los ataques y asesinatos registrados y la razón de los mismos, de modo que se señala que el 71% de los defensores asesinados fueron atacados por proteger los grandes pulmones del mundo, como los bosques o los océanos. Al mismo tiempo que más de un tercio de los ataques se relacionaron directamente con la explotación de recursos forestales, mineros o del tipo agroindustrial.
No obstante, no todo son malas noticias, el informe también valoró como “un avance prometedor” la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú en varios de los países de la región. “De manera crucial, (este acuerdo) establece compromisos jurídicamente vinculantes, con el fin de proteger a las personas defensoras del medioambiente dentro de la región más afectada. De hecho, es la primera vez que estos compromisos se incluyen en un acuerdo de este tipo”, aseguran desde Global Witness.
El tratado internacional que fue impulsado por Chile durante más de 6 años y que podría aportar significativamente a que estos números no sigan en aumento establece que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras del medioambiente, al mismo tiempo que les obliga a tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la justicia los ataques que estás personas reciban.
En esa dirección, desde la organización ambientalista, Escazú Ahora Chile, volvieron a insistir en la necesidad de que Chile adhiera al tratado. “Pese a que nuestro país impulsó y lideró las negociaciones de este acuerdo por más de 6 años, en 2020 el Presidente Piñera decidió ignorar el llamado de nuestra organización, movimientos sociales, expertos y autoridades políticas de suscribir el Acuerdo de Escazú y en cambio optó por dejarnos fuera del tratado sin ninguna razón contundente para hacerlo”, señala Sebastián Benfeld, coordinador de la iniciativa.
“La situación climática y ambiental en la que nos encontramos es crítica y las y los defensores ambientales son claves para evitar que esto siga empeorando. Ahora que se conoce este informe la demanda por la firma del Acuerdo de Escazú cobra aún más sentido. No podemos tolerar el ataque o asesintato de ningún defensor ambiental más”, remató Benfeld, agregando que en estos momentos se encuentran trabajando para que las candidaturas presidenciales y parlamentarias se comprometan con la firma y ratificación del tratado de resultar electos.
Hasta el momento son tres las candidaturas que se han comprometido formalmente con la organización, a saber: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Marco Enriquez-Ominami (Partido Progresista).
* Nota re-publicada por El Desconcierto
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